¿Cuándo utilizar los servicios de abogados especialistas en defensa letrada?

Para determinar la intervención de un abogado en defensa letrada es necesario distinguir entre las distintas ramas o jurisdicciones del derecho: civil, penal, laboral y administrativa.

Existen casos, donde no es obligatorio que asista un abogado en defensa letrada, más sin embargo siempre será aconsejable buscar asesoría de un especialista en derecho. Por cuanto hasta los asuntos más aparentemente sencillos pueden encerrar complejidades jurídicas que se escapan al Derecho, y la mejor defensa sólo puede garantizarla un abogado con la debida formación y competencia.

En un proceso judicial civil, siempre será necesaria la intervención de un abogado especialista en defensa letrada, salvo en los casos siguientes:

  • En los juicios verbales, cuya cuantía sea inferior a dos mil euros (2.000 €.)
  • En la petición inicial de los procedimientos monitorios
  • En aquellos escritos en los que se le solicita la adopción de medidas urgentes con anterioridad al juicio o la suspensión de vistas y actuaciones.

Lo que se pretende es garantizar la igualdad de las partes en el juicio, igualdad que puede ponerse en peligro si una de ellas acude acompañada de letrado y la otra no. En este último caso, el mismo juzgado o tribunal, si aprecia la existencia de esta desigualdad puede acordar la suspensión del procedimiento hasta que designe o le sea nombrado un abogado. Cuando no es obligatoria la intervención del abogado y alguna de las partes decide asistirse del abogado en defensa letrada, deberá ponerlo en conocimiento del juzgado para que este le dé la oportunidad al contrario.

En un proceso penal; siempre que una persona sea detenida, tiene derecho a nombrar o que le sea designado un abogado especialista en defensa letrada, para que lleve a cabo su defensa en la causa que se le imputa.

Esta asistencia consistirá en:

  • Solicitar se le notifique de los derechos que asisten al detenido o preso
  • Solicitar la declaración o ampliación de los extremos que considere necesarios
  • Solicitar que se reflejen en las actas aquellas incidencias que puedan haberse producido
  • Entrevistarse reservadamente con el detenido
  • Representación del imputado

La presencia del abogado es obligatoria durante la tramitación de todo el procedimiento judicial y ostentará también la representación del imputado.

En un proceso laboral y contenciosa administrativa; Si bien la presencia del abogado y del procurador, no es legalmente obligatoria en la tramitación de los procesos laborales o sociales, la del abogado en defensa letrada,  sí es imprescindible para defender los intereses de las partes con las mínimas garantías, dada la complejidad de la materia y la relevancia de los intereses que se ventilan en estos procedimientos.

En lo que se refiere a la contenciosa administrativa, es obligatorio como mínimo contar con el abogado.

Todas estas reglas se extienden para pedir el cumplimiento forzoso de las sentencias cuando no se cumplen voluntariamente por el condenado (lo que se llama la ejecución de la sentencia, también a través de otra demanda) y para recurrirlas ante la instancia superior (salvo en lo laboral, que requiere abogado o procurador para el recurso de suplicación, que equivale a la apelación).

Toda persona tiene derecho a la asistencia de un abogado, cuando se le acusa de haber cometido un delito, este derecho está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Establecido en el artículo 14), así como en tratados y convenciones regionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 6), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8) y la Convención Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 7).

Dentro de los principios básicos de las Naciones Unidas, se establecen los principios que protegen a las personas en su derecho a la defensa

El principio 1, establece lo siguiente:

“Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del procedimiento penal”

 

Los principios 2 y 3 establecen que:

Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, estableciendo lo siguiente:

“Sin ningún tipo de distinción, como discriminaciones por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, situación económica u otra condición”.

 

Los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes para prestar servicios de asistencia jurídica a las personas pobres y a otras personas desfavorecidas, y las asociaciones profesionales de abogados colaborarán en la organización y prestación de servicios, recursos y otros medios. La necesidad de respetar la confidencialidad de las comunicaciones entre el abogado y el cliente es decisiva para el auténtico ejercicio del derecho a ser asistido por un abogado y la consiguiente relación entre cliente y abogado.

 

El principio 5 estipula lo siguiente:

“Todas las personas arrestadas, detenidas o acusadas de haber cometido un delito deben ser informadas inmediatamente de su derecho a estar asistidas por un abogado de su elección”

 

El principio 7 estipulo lo siguiente:

“Todas las personas arrestadas o detenidas deben tener acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención”.

 

 Con base al principio 6:

“Esas personas, cuando no dispongan de abogado, tendrán derecho siempre que el interés de la justicia así lo demande, a que se les asignen abogados con la experiencia y competencia que requiera el tipo de delito de que se trate a fin de que les presten asistencia jurídica eficaz y gratuita, si carecen de medios suficientes para pagar sus servicios”.

 

El principio 8, establece que:

“Toda persona privada de libertad se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial”.

Estas consultas podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará la conversación.

 

 

El principio 22 establece que:

“Los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su relación profesional”.

En los países que han salido de un conflicto, es posible que muchos profesionales del derecho hayan sido blancos de una o varias de las facciones implicadas en el conflicto y resulten diezmados. Como consecuencia, numerosos abogados se habrán visto obligados a huir del país o habrán resultado muertos en el conflicto, con el resultado de que, una vez finalizado éste, en el país sólo quede literalmente un puñado de letrados (véanse, por ejemplo, los casos de Camboya o Rwanda). Incluso cuando la constitución y las leyes garantizan el derecho a ser asistido por un abogado, es posible que en esas situaciones, simplemente no existan abogados que quieran ejercer o hayan migrado como consecuencia de lo anterior, lo que exige recurrir a otras fuentes de asistencia letrada, como voluntarios de otros países o personal jurídico auxiliar, hasta que se recupere el colectivo nacional de abogados cualificados.